Guayaquil (Guayas). – Ante las distintas opiniones que se han registrado en redes sociales sobre el caso en referencia, es deber del MPCEIP aclarar el caso PESCAYO.

Existe una decisión judicial que tuvo como consecuencia el desalojo de ciudadanos de la Isla Puná. Esta decisión es completamente ajena a cualquier acto administrativo emanado por esta Cartera de Estado.

La nueva administración, desde el inicio de sus funciones, ha tratado el tema con extrema celeridad y en estricto apego al derecho. A partir de la presentación de la denuncia de ejercicio de actividad acuícola por terceros en predio privado denominado Hacienda El Placer, se han mantenido reuniones con AMBAS partes y se dispuso, para un mejor análisis de la problemática, una inspección in situ que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2018 y contó con la presencia de personal del Municipio de Guayaquil, del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura. La diligencia se realizó de forma pacífica, sin operativo policial, en presencia de AMBAS partes, garantizando los derechos de los involucrados.

A partir de los informes entregados por las instituciones, especialmente el del Municipio, en concordancia con lo verificado por nuestro equipo según certificados del Registro de la Propiedad, se resolvió la denuncia poniendo en conocimiento de las Direcciones correspondientes que existe intersección de la concesión acuícola con un predio privado de un tercero.

Con respecto a la renovación de la concesión de la compañía PESCAYO S.A., el trámite continúa sobre la zona de playa y bahía, misma que es de propiedad del Estado ecuatoriano y que esta Cartera de Estado es competente para concesionar.

El MPCEIP no se pronunciará sobre la propiedad de los predios ya que no es la autoridad competente para aquello.

Existe una nueva denuncia presentada por el ejercicio de la actividad acuícola sin la respectiva autorización dentro de algunas de las piscinas materia de este caso. Se realizó la inspección de control de manera inmediata y se sancionará conforme la Ley lo establece dentro del expediente administrativo respectivo.

Seguiremos abiertos al diálogo con AMBAS partes, cumpliendo la Ley y haciendo respetar los derechos de los ciudadanos.