Quito, 19 de febrero de 2020

La  Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura  y Pesca, aprobada ayer, de manera unánime por 109 votos de los legisladores de la Asamblea Nacional, considerada como un hito histórico nacional, permitirá fomentar y desarrollar el uso racional de los recursos hidrobiológicos.

La norma crea el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca, en las que están involucradas, articuladamente, entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas, responsables de la coordinación, cooperación, supervisión y seguimiento de las políticas públicas y las normas necesarias para administrar los sectores acuícola y pesquero.

Estará conformada por el ente rector en materia acuícola y pesquera; Consejo Consultivo de Acuicultura y Pesca; Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca; Autoridad Ambiental Nacional; Autoridad de Defensa Nacional a través de la Armada del Ecuador; Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte Acuático; y, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias.

La nueva ley crea también el Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero, para financiar planes, programas y proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación relacionados con estas actividades.

El ente rector facilitará al Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca el acceso del posicionamiento de las embarcaciones con el objetivo de establecer áreas de pesca de la flota artesanal e industrial de las diferentes pesquerías del país, previa suscripción de acuerdos de confidencialidad.

En el ámbito del control, instituye la Administración del Centro de Monitoreo para el rastreo, posicionamiento, identificación y localización de las embarcaciones pesqueras, para lo cual, realizará la coordinación con el ente rector de la defensa nacional, encargado del sistema de rastreo de naves.

La Ley aprobada está orientada a lograr la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas nacionales, a través de medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Será remitida al Ejecutivo y con su potencial aprobación, se evidencia que el diálogo impulsado por el Gobierno Nacional rinde sus frutos, en este caso, para salvaguardar los intereses legítimos del sector acuícola y pesquero ecuatoriano y su crecimiento racional, uno de los importantes pilares de generación de empleo y de exportación con los que cuenta el país.